¿Está mi empresa obligada a implantar un buzón de denuncias?

El pasado 21 de febrero de 2023 se publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Esta ley obliga a las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados cincuenta o más trabajadores, a disponer de un Sistema Interno de Información. Su finalidad principal es proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves y las comuniquen a través de la implantación de canales internos de información.

Los requisitos principales que debe reunir este Sistema son:

· Estar diseñado y gestionado de una forma segura. Debe garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de todas las actuaciones que se desarrollen en la gestión y tramitación de la misma, así como la protección de datos.

· Permitir la presentación de comunicaciones tanto de forma escrita como verbal.

· Contar con un responsable del sistema en los términos previstos en la ley.

El responsable de la implantación del Sistema, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, será el órgano de administración o el órgano de gobierno de cada entidad. También tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales. En lo que respecta a la gestión del sistema y la tramitación de las comunicaciones, las entidades deberán contar con un responsable del Sistema Interno de Información.

El plazo máximo para establecer este sistema es de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, hasta el 13 de junio. Como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con doscientos cuarenta y nueve trabajadores o menos, el plazo previsto se extenderá hasta el 1 de diciembre de 2023.

Por último, destacar que se permite la comunicación anónima, por lo que las entidades deberán ajustar su sistema interno de información a este tipo de denuncias.